Al referir que en el fuero federal, en el 2023, de cuatro mil 957 causas penales concluidas, tres mil 404 concluyeron por sentencias definitivas condenatorias resultado de procedimientos abreviados (68.7 por ciento del total de los casos resueltos), las comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que la aplicación del procedimiento abreviado también sea una facultad de las personas imputadas, y no exclusivamente del ministerio público a nivel nacional.
Las y los legisladores Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, Martha Azucena Camacho Reynoso, de morena; y Eduardo Zarzosa Sánchez y María Mercedes Colín Guadarrama, del PRI, concordaron en que, con el respaldo a esta iniciativa, el Congreso mexiquense acerca a la población un sistema de justicia pronta y expedita, más accesible, eficiente y humana.
La reforma, que de aprobarse por el Pleno legislativo se turnaría al Congreso de la Unión, puntualiza que la persona imputada podrá por sí misma, o a través de su defensa, solicitar el procedimiento abreviado, siempre y cuando no exista oposición del ministerio público y, de ser el caso, la autoridad deberá justificarlo.
Al presidir la reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de Procuración y Administración de Justicia, el legislador Carlos Antonio Martínez resaltó la importancia de la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales porque marca el inicio de una nueva era, cuya esencia radica en un principio fundamental: la igualdad ante la ley.
Refirió que al brindar la oportunidad a la persona imputada, o a su defensa, de solicitar el procedimiento abreviado, se derriban barreras que obstaculizan el acceso a la justicia. Por ello, agregó, la reforma no sólo es un cambio legislativo, sino un acto de compromiso con los derechos humanos y las garantías procesales de las personas involucradas en un proceso penal.
Al añadir con esta reforma se reducirán costos judiciales, aseguró que el Congreso mexiquense demuestra su servicio al pueblo, construyendo un sistema de justicia sin discriminación, retrasos y sin olvidar a nadie. Además, se envía el mensaje de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho para todos y para todas.
En concordancia, la legisladora Martha Camacho recalcó que se agilizará la justicia y garantizarán los derechos de las partes involucradas, y enlistó beneficios, como: celeridad procesal, reducción de costos, mayor certeza jurídica, reconocimiento de responsabilidad y protección de las víctimas.
El parlamentario Eduardo Zarzosa (quien participó vía remota) admitió que la reforma beneficiará a las personas imputadas de todo el país y reconoció la sensibilidad de la gobernadora, pues ha visitado los penales estatales.
En tanto que la legisladora Mercedes Colín compartió que las entidades que lograron reducir la impunidad en sus territorios, lo hicieron principalmente por la resolución de casos por medio de este procedimiento, así como que la duración media del procedimiento abreviado es de 218 días, en comparación con el proceso penal ordinario, cuya duración promedio es de 486 días.
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