Al afirmar que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se maneja la administración pública y cerrar las brechas de corrupción, la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD), presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la LXII Legislatura mexiquense, resaltó promoverán que los organismos autónomos tengan herramientas para garantizar los derechos ciudadanos.
En la instalación del órgano legislativo, adelantó que sus ejes serán: transparencia, no entendida como obligación, sino como un valor esencial y fundamental de un Estado democrático; innovación en el acceso a la información pública, aprovechando la tecnología para acceder a la información de manera rápida y sencilla; y protección de datos personales, protegiendo esta información de fines distintos a los marcados en la ley.
Ante representantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem); Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral estatal; y Felipe Borja Coronel, titular de la Unidad de Información del Poder Legislativo, la congresista informó que elaborarán, junto con los órganos públicos, los cambios necesarios en la normatividad para establecer mecanismos vanguardistas para la rendición de cuentas.
El parlamentario Israel Espíndola López (PVEM) se pronunció por otorgar mayor capacidad a las instituciones de transparencia para que presionen y sancionen a los sujetos y secretarías obligadas, pues hay resoluciones favorables al gobierno que no informa, y compartió que las consecuencias, más allá de una multa, son pocas.
Mientras que el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena) criticó que los organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos, en vez de consolidarse en entidades técnicas e imparciales, fueron creados para garantizar intereses privados en beneficio de la pulverización de la administración pública, limitando la capacidad del Estado para diagnosticar problemas sociales y planear sus soluciones; y que en muchos casos duplican funciones y representan un gasto innecesario.
La congresista Leticia Mejía García (PRI) llamó a tener congruencia entre lo que se dice con lo que se hace, porque no se puede decir que quieren un pueblo informado cuando se busca acabar con los medios que brindan esa información y, como diputado asociado, Omar Ortega Álvarez (PRD) reconoció que el aparato gubernamental es inmenso e imperfecto y tiene muchos vicios por sanar, pero exhortó a sumar los esfuerzos para mejorar y hacer de las instituciones agentes con capacidad de respuesta.
En sus participaciones, José Martínez Vilchis, María del Rosario Mejía Ayala, Sharon Morales Martínez, Guadalupe Ramírez Peña y Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado presidente y comisionados y comisionadas integrantes del Infoem, respectivamente, concordaron en que las instituciones son perfectibles, expresaron su respaldo por mejorar el servicio a la ciudadanía bajo el principio de austeridad, resaltaron que éste tipo de órganos son aliados de la administración estatal para ser un gobierno transparente y enfatizaron en que no se debe dar marcha atrás en los derechos obtenidos.
En tanto que José Guadalupe Luna Hernández, excomisionado del Infoem, resaltó que la reforma a nivel nacional para desaparecer a los organismos autónomos en la materia, no altera el reconocimiento constitucional y convencional del derecho de acceso a la información y del derecho a la protección de datos personales, por lo que se pronunció por analizar a detalle el ámbito local y llamar a comparecer a funcionarios del Infoem.
En la reunión se designó a Sinuhé Sandoval Sánchez como secretario técnico.
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