En la discusión de la reforma al Poder Judicial enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la LXII Legislatura mexiquense congresistas de los grupos parlamentarios de morena, PVEM y del PT coincidieron que fortalece el sistema de justicia; y congresistas del PRI, PAN, MC y PRD aseguraron que vulnera su autonomía.
Sobre la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada con 54 votos a favor, 20 votos en contra y una abstención, la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) señaló que se exige justicia pronta y expedita y que jueces, ministros y magistrados respondan a intereses del pueblo, que sean confiables, rindan cuentas, actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad, consecuencia social y sororidad hacia el que sufre.
Por el PVEM, la legisladora Gloria Vanessa Linares Zetina resaltó que la reforma refleja un firme compromiso y voluntad de marcar un cambio de rumbo en los hechos y no sólo en la disertación, así como que es el momento social y político propicio para una transformación que fortalezca el Poder Judicial, por lo que llamó a trabajar juntos por la justicia como un pilar de la democracia, donde cada persona, sin importar su condición social, tenga la garantía de recibir un juicio justo y equitativo.
La congresista Yareli Anai Esparza Acevedo (PT) aseguró que se logra separar la función del Poder Judicial de intereses políticos y económicos, así como dar continuidad a la Cuarta Transformación, por lo que afirmó que su bancada cumple con el mandato popular, pues participaron en los foros Diálogos Nacionales sobre Reformas Constitucionales al Poder Judicial que se plasmaron en el dictamen.
En contraparte, el diputado Elías Rescala Jiménez, coordinador parlamentario del PRI, expuso que no se mejorará de fondo al sistema de justicia del país y que su implementación a nivel federal tendrá un costo irresponsable de 22 mil millones de pesos; y se pronunció por una proyecto integral, con el fortalecimiento de las policías y sus labores de prevención, profesionalización de las fiscalías y capacidades de investigación, así como elevar la calidad de las defensorías y considerar la reinserción social.
También del PRI, la legisladora Paola Jiménez Hernández, cuyo voto fue por la abstención, reconoció la necesidad de una reforma, aunque no centrada en los y las juzgadoras, sino en las víctimas, y se pronunció a favor de la defensa de los más ignorados.
El congresista Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador del grupo parlamentario del PAN, aseguró que no se plantean soluciones a la falta de acceso a la justicia, acabar con la corrupción en el Poder Judicial, fortalecer la justicia, la profesionalización de las y los ejecutantes, ni la imparcialidad, por lo que aseveró que es un golpe a la autonomía de los poderes y a la democracia.
Del PRD, su coordinador parlamentario, el diputado Omar Ortega Álvarez, subrayó que se vulnera la autonomía del Poder Judicial y que su aprobación representa un retroceso y el paso a un gobierno centralista; criticó la ausencia de la consulta popular y el parlamento abierto en la propuesta; y reprochó que, en septiembre, mes patrio, se diga adiós al pacto social, donde los poderes Legislativo y Ejecutivo derroquen al Poder Judicial.
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