En beneficio de más de un millón 919 mil personas mayores de 60 años de la entidad, la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables del Congreso mexiquense avaló por unanimidad la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de México encaminada a fortalecer los derechos de este sector, además de incorporar conceptos como el maltrato a personas adultas mayores y precisar los tipos de violencia existentes en su contra.
El nuevo ordenamiento que sustituirá a la actual la Ley del Adulto Mayor dará cumplimiento al principio fundamental de justicia y acceso a una vida libre de violencia de las personas adultas mayores y otorgará herramientas jurídicas a los municipios para que cuenten con grupos multidisciplinarios que brinden acompañamiento jurídico y psicológico a este sector de la población.
Diputadas y diputados locales destacaron los aportes de todas las bancadas para fortalecer el marco jurídico en favor de las personas adultas mayores y modernizar una normatividad que no se actualizaba desde 2008.
Darán certeza legal a la Consejería Jurídica del GEM
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política estatal a fin de armonizarla con la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad y sustituir las referencias a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos por la Consejería Jurídica.
De acuerdo con el dictamen, en el caso de las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, la Consejería Jurídica podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando las resoluciones pongan en peligro el interés público y la seguridad de las instituciones.
La reforma se deriva de la emisión de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, la cual entró en vigor el 16 de septiembre pasado, con la que se reorganizó la estructura y el funcionamiento de las dependencias del aparato administrativo y se sustituyó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos por la Consejería Jurídica.
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