Comisiones Unidas del Congreso estatal respaldaron la iniciativa conocida como “Ley Mariana Lima Buendía”, que plantea investigar con perspectiva de género y la debida diligencia todas las muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres, incluidos los suicidios y accidentes, y plantearon invitar a representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Poder Judicial para perfeccionar la propuesta.
En reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, diputadas locales coincidieron en que se requiere un esfuerzo de los tres órdenes de gobierno para combatir la violencia de género y los feminicidios.
Presente en la reunión, la activista Irinea Buendía Cortés, y madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, solicitó al Congreso mexiquense la aprobación de esta iniciativa con la que se busca elevar a rango de ley los parámetros establecidos en la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 25 de marzo de 2015, sobre el feminicidio de su hija.
La iniciativa promueve sanciones para personas servidoras públicas que incurran en omisiones, negligencias y obstruyen la investigación y la justicia; busca la reparación del daño causado por las autoridades, e impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar, patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia.
Integran Consejo Ciudadano en materia de Desaparición
La Comisión de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición aprobó acuerdos sobre la integración del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para la entidad.
La comisión aprobó la integración honorífica para ocupar el cargo de familiar de persona desaparecida para la región norte por tres años, de Leticia Mora Nieto, y para la región oeste, de Yazmín Alejandra García Rodríguez. También aprobó la integración de María Elena Solís Gutiérrez como representante de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, así como la invitación a la ciudadana María Guadalupe Fernández Ruiz para ocupar el cargo de representante de familiar de persona desaparecida para la región sureste.
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