Buscan institucionalizar fiscalización en el manejo de recursos públicos

El Congreso del Estado de México recibió tres iniciativas encaminadas a institucionalizar de manera integral la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos; brindar certidumbre jurídica en procedimientos laborales a los familiares de una persona servidora pública cuando fallece, y para facilitar becas de licenciatura para mujeres indígenas en ciencia y tecnología.

La iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior estatal busca complementar la atribución del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), para realizar, de acuerdo con el programa anual de auditorías aprobado y de conformidad con los acuerdos que emita la Comisión de Vigilancia del OSFEM, las auditorías y revisiones conforme a las normas profesionales homologadas emitidas por el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Estatal de Fiscalización y otras normas de auditoría.

La propuesta, que analizará la Comisión de Vigilancia del OSFEM, detalla que durante el proceso de seguimiento la Comisión deberá recibir del OSFEM informes trimestrales respecto de los avances que se tengan de las auditorías especiales; y contribuirá a perfeccionar los requisitos de las solicitudes ciudadanas para la práctica de auditorías especiales, agregando que las y los peticionarios puedan y deban establecer el objeto o en su caso tipo de auditoría que desean se practique, lo que permitirá atender de mejor manera su petición.

Asimismo, la iniciativa de reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos estatal busca establecer el procedimiento de designación de beneficiario o dependiente económico de una persona servidora pública en caso de desaparición o fallecimiento por un acto delincuencial.

La iniciativa, que analizará la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, indica que la designación de beneficiarios del servidor público fallecido, constituye un mecanismo para asegurar el pago a cargo del patrón, respecto de los derechos que le quedaron pendientes de cobro al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos, a raíz de su fallecimiento o desaparición, y es una forma de garantizar que dicho pago se realice a quienes tienen derecho y no a una persona ajena.

Por último, la iniciativa de reforma al Código Administrativo y a la Ley de Ciencia y Tecnología, ambos de carácter estatal, busca precisar que en los programas del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología se brindará especial atención a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres indígenas y demás grupos vulnerables. 

Además, la propuesta, que analizará la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, detalla que en la política estatal que sustenta la integración del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología se establecerá que la atención especial que se brinda, incluirá a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas originarios; además de que el Comecyt deberá promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico especialmente entre las mujeres indígenas.