Comisiones Unidas del Congreso mexiquense, presididas por la diputada Mónica Álvarez Nemer
(Morena), aprobaron reformas para tipificar como delito la retención y/o la omisión en el entero de
cuotas y/o aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
(Issemym), por parte de los sujetos obligados.
De acuerdo con el dictamen mediante el que se reforma el Código Financiero del Estado
de México y Municipios, expuesto por la diputada Myriam Cárdenas Rojas (PRI), se considera
procedente que en el caso de que exista incumplimiento derivado de la omisión o de la persona
titular o servidora pública responsable de enterar las cuotas de seguridad social retenidas a los
trabajadores de instituciones públicas, se aplicará una multa de 20 a 40 por ciento de la
contribución correspondiente.
Para el caso del delito de defraudación fiscal, cuando sea cometido por la persona
servidora pública que en ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de las
cuotas o aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, la pena que le resulte
aplicable se aumentará hasta en una mitad más, según corresponda.
El dictamen establece que para proceder penalmente por delitos fiscales previstos en el
Código Financiero, será necesario que cuando el delito de defraudación fiscal sea cometido por
persona servidora pública que en ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de
las cuotas o aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, presente la querella
correspondiente la persona servidora pública del Issemym facultada para ello, en caso de
incumplimiento, será sancionada en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Durante la reunión de las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas
Públicas, la diputada Myriam Cárdenas consideró que la reforma contribuirá a fortalecer las
finanzas del Issemym, ya que la retención de cuotas afecta directamente el funcionamiento de la
institución, así como los derechos y servicios de las personas servidoras públicas.
Detalló que la reforma abarca dos vertientes, el incumplimiento de las instituciones
públicas en el pago de las aportaciones y la defraudación en contra de las y los servidores
públicos a quienes se les han hecho retenciones que no son reportadas al Issemym, actos graves
que deben ser considerados delitos y reflejan debilidad en el proceso de control y fiscalización.
También resaltó la colaboración del personal de la Secretaría de Finanzas, a través del
titular de la Procuraduría Fiscal, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
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