Por unanimidad, el Congreso mexiquense solicito a los 125 ayuntamientos, así como a las personas titulares de los organismos operadores de agua, controlar, regular y sancionar la venta de agua en su modalidad de distribución por pipas, a efecto de asegurar el acceso continuo y de calidad favoreciendo su distribución gratuita.
El punto de acuerdo promovido por la diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores, en nombre del grupo parlamentario de Morena, indica que los ayuntamientos y las personas titulares de los organismos operadores de agua deberán emitir un informe a la Legislatura mexiquense sobre las acciones implementadas como parte de la crisis hídrica.
La legisladora puntualizó que la situación de acceso y calidad para uso doméstico de agua potable en las comunidades urbanas y rurales en los municipios, tanto en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) como en diversos del Estado de México, ha sido complicada en la última década y se ha tornado en crítica en los años 2023 y a principios de 2024.
Ante esta situación, indicó la legisladora, existen grupos y gobiernos que lucran con el derecho de acceso al agua en diversos municipios y comunidades, y refirió que una de las modalidades de suministro de agua potable han sido las pipas, con las que diversas empresas y grupos han construido una economía en torno al desabasto y la necesidad de los pobladores al amparo de diversas instituciones públicas.
Recriminó que un fenómeno que también se ha incrementado, a la par con la privatización del agua para su venta en la modalidad de distribución en pipas, ha sido lo que coloquialmente se denomina como el huachicoleo del agua para su posterior venta, así como la sustracción ilegal de caudales de agua para abastecer autolavados, purificadoras de agua, hoteles e industrias, en muchos casos con el apoyo directo de las autoridades locales.
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