A fin de que la ciudadanía y personas beneficiarias de programas sociales cuenten con una herramienta para denunciar irregularidades en su operación y asignación, la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social del Congreso local aprobó que la denuncia popular, figura que ya considera la Ley de Desarrollo Social, pueda ser anónima y por medios electrónicos.
En reunión para dictaminar la iniciativa del diputado Sergio García Sosa, coordinador parlamentario del PT, las y los diputados integrantes de la Comisión coincidieron en que esta reforma facilitará el acceso a la justicia, así como la investigación y sanción por el mal uso de programas sociales.
La reforma permitirá que cualquier persona denuncie ante la Contraloría Social por escrito, vía telefónica y por medios electrónicos los hechos que a su juicio impliquen incumplimiento de obligaciones relacionadas con los programas sociales, de las personas y de las y los servidores públicos sujetos al cumplimiento de la ley para que las autoridades competentes determinen si existe o no responsabilidad administrativa, e impongan las sanciones correspondientes en su caso.
En su intervención, el diputado García Sosa dijo que la denuncia anónima será un poderoso aliado de la participación social en las actividades de control que favorecen a la democratización de las instituciones pues promueve la transparencia y apego a la legalidad en la operación de los programas.
Coincidió con el diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI), presidente de la comisión, en que la actual figura denominada denuncia popular, por no ser anónima, impone temor a las personas para denunciar supuestas irregularidades, pues pueden sufrir diversas represalias por parte del denunciado o bien hasta perder el beneficio social.
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