Garantizar la movilidad como un derecho humano y constitucional, reducir las muertes por
accidentes de tránsito, garantizar la integridad física y patrimonial de personas usuarias del
transporte público, ampliar la infraestructura para el uso de la bicicleta, combatir el acoso sexual
en el transporte y regular o prohibir los mototaxis, son algunas de las propuestas de ciclistas,
peatones y concesionarios, quienes respaldaron los cambios en materia de movilidad cuya
normatividad no se actualiza desde 2015.
En el tercer foro para la Construcción de una Ley de Movilidad del Estado de México, en
Nezahualcóyotl, el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (Morena), presidente de la Comisión de
Comunicación y Transportes, afirmó que la nueva Ley de Movilidad incluirá la participación de
todos los sectores, grupos vulnerables e indígenas, y coincidió con el secretario de Movilidad del
gobierno estatal, Daniel Sibaja González en que la norma, que no se actualizaba desde 2015, se
construirá con sus aportaciones, opiniones y propuestas y no será a modo de las instituciones.
Acompañado de la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) y del
legislador David Parra Sánchez (PRI), y del presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, el
legislador Gutiérrez Martínez destacó que en el Congreso local se impulsa una ley justa y que
beneficie a todos los sectores, como con las reformas para reordenar el servicio de depósito y
resguardo de automotores, que ya empieza a dar resultados con la clausura y sanciones en contra
de siete corralones.
Por su parte, la diputada Carmen de la Rosa convocó a la reconciliación social,
particularmente entre transportistas, autoridades y personas usuarias del transporte público,
además de que llamó colaborar con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y legisladores quienes
demuestran voluntad de servicio y escuchan a todas y todos a fin de mejorar la movilidad,
anteponiendo la sustentabilidad y la eficiencia por encima de intereses personales, de grupo o de
organizaciones.
En su intervención, el secretario Daniel Sibaja, quien clausuró el Foro, se comprometió a
integrar las aportaciones en la nueva ley, que beneficiará a todas y todos y no a unos cuantos.
Coincidió también en que el nuevo gobierno escucha a las personas para la toma de decisiones y
la atención de sus demandas, lo que significa un gran avance en la entidad a fin de renovar una
legislación que no se actualiza desde 2015.
Destacó el reto de garantizar que las y los usuarios del transporte público cuenten con un
servicio de mayor calidad, combatir la inseguridad y regular los mototaxis, además de que
adelantó que se certificará a conductores del transporte público, se ampliará la regulación para la
circulación de motocicletas y se emitirán licencias de manejo para el transporte público desde los
18 años.
Durante el foro, ciudadanía y personas expertas expusieron sus demandas para garantizar
el derecho humano y constitucional a la movilidad; la necesidad de contar con un observatorio
ciudadano en materia de movilidad; que la seguridad vial privilegie a integrantes de grupos
vulnerables (niñez, mujeres y personas mayores); que ninguna persona pierda la vida en
accidentes de tránsito, mejorar la infraestructura vial, fortalecer las atribuciones municipales en la
materia y garantizar la integridad de quienes hacen uso del transporte público.
Se pronunciaron por mayor seguridad vial de menores y una movilidad segura en torno a
las escuelas; educación sobre movilidad digna; que el sector transportista cobre conciencia de su
responsabilidad al movilizar a millones de personas al día; incorporar un sistema de competencias
en movilidad y garantizar vehículos seguros.
A su vez, representantes transportistas señalaron que una gran cantidad de accidentes
viales son provocados por mototaxis y llamaron a su regulación o prohibición; pidieron ampliar las
prórrogas para trámites de regularización a menor costo o gratuitos; permitir el uso de unidades de
transporte con más de diez años de uso; otorgar equipos de seguridad subsidiado: combatir las
mafias y el despojo de concesiones por parte de personal de Movilidad de la Ciudad de México,
además de sancionar al conductor y no a la unidad cuando el examen toxicológico resulte positivo.
También solicitaron incluir a representantes del sector en el Observatorio Ciudadano; una
ley con perspectiva de género, integrar mecanismos de auxilio vial para impedir abusos, combatir
la inseguridad y destinar y mayores recursos, además de incorporar al análisis a la Fiscalía
General de Justicia.
Durante los trabajos participaron representantes de la Red de Transporte de Oriente, Rutas
Hermanas, Rutas 65, 68, 47 y 36, Taxistas 18 de Marzo, Central de Taxistas de Neza y Zona
Oriente, Organización de Transportistas Aliados de México y Confederación Empresarial del
Transporte del Edomex, entre otras.
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