La diputada Gretel González presentó una iniciativa que propone reformar el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para que quienes resulten responsables -servidores públicos- de faltas administrativas no graves tengan la posibilidad de apelar al recurso de revocación administrativamente o mediante juicio.
“¿Qué es lo que tratamos? Que los servidores públicos tengan
la oportunidad de elegir las dos vías por las cuales se quieren amparar en el
tema de, si les llega alguna queja ya sea por el juicio contencioso
administrativo ante el Tribunal, o bien, hacerlo por la vía que la Ley ya prevé,
(…) porque la Ley solamente prevé la primera que es un juicio de manera directa
y que ya no puedes refutar, entonces, con esta iniciativa pretendemos que
puedan acercarse también al juicio contencioso administrativo por si no están
conformes y eso redirigirlo hacia el Tribunal Administrativo”.
Actualmente, sólo hay una sola verdad según la legisladora,
que es la planteada por los Organismos Internos Municipales, o la Secretaría de
Contraloría, y no hay oportunidad de refutar por parte de los servidores públicos,
ya que por Ley, se les canaliza a juicio donde las instancias son los jueces y los
únicos que dictaminan; son quienes inician y también los que dan fin al
trámite.
Con la reforma, los servidores públicos tendrán oportunidad
de defenderse según fue ejemplificado.
“Algún chico que esté en el área de recaudación que a veces
le llaman rentas, si a él le levantan una falta administrativa que no
constituyen algo grave en alguno de sus cortes de caja y todo; Él tiene esa
opción, aparte de lo que le diga en la Contraloría Interna Municipal si no es
acorde a derecho, o no es de su parecer lo que está dictamine, él puede
continuar por una segunda vía justamente para incluso pues resarcir el daño”.
Finalmente, detalló que se depende mucho de los cortes de
las Contralorías Internas Municipales saber el número de casos de este tipo que
ocurren, pero con esta propuesta se busca evitar una contradicción jurídica, y
fue turnada a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de
Justicia para su estudio y dictamen.
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