Myrna Araceli García Morón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) dio a conocer que hasta el momento han visitado más de la mitad de los municipios del estado, para realizar un diagnóstico sobre las acciones que realizan en torno a la Ley de Justicia Cívica.
“Ya llevamos como 70, donde visitamos sus galeras, revisamos
toda su normatividad, la estructura del personal con el que cuentan, y sobre
todo los principios sobre los cuales están respetando o vulnerando los derechos
humanos, de cualquiera de nosotros que en algún momento pueda llegar a cometer
una infracción en el bando municipal, y que por esa razón tenga que estar pues
delimitado en su capacidad de ambulatoria, tenemos que ser muy cuidadosos porque
necesitamos quitar esta percepción de los Cuerpos de Seguridad Pública
Municipal para tratar a los ciudadanos en forma criminalizante, cuando lo que
cometen son faltas administrativas”.
De acuerdo con García Morón, el Diagnóstico debe estar listo
antes de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Cívica; este diagnóstico permitirá
a los municipios tomar decisiones y a la Codhem promover los derechos humanos con los
municipios.
En las visitas a los municipios, detectaron diferencias en el actuar ante la
falta de estándares pues al visitar las galeras, algunos municipios tienen
expedientes, otros no tienen expedientes; otros dentro del expediente toman los
generales, otros no lo toman; algunos registran que tienen esta metodología de
cuidado para que en el momento, en el que una persona es limitada de su libertad,
tiene que subirse el Sistema Nacional de Personas Detenidas, de lo contrario podría
parecer que se encuentran desaparecidas.
“Necesitamos revisar mucho el estándar de cumplimiento de
los policías, miren, nosotros en las entrevistas hemos encontrado ya lo verán
en el diagnóstico, a personas dentro de las galeras que llevan 8, 10 y 12 horas
privados de su libertad sin que un oficial conciliador les haya calificado la
conducta, y les diga en su caso, cuántas horas de arresto le corresponde, esto
es completamente irregular, puede llegar a configurarse incluso el delito de
privación ilegal de la libertad, porque mientras tú no determines la situación
jurídica de esa persona, es indebido lo que estás haciendo”.
El Diagnóstico se debe determinar a más tardar en marzo para
entregarlo a la Secretaría General de Gobierno para que ellos puedan platicar
desde el ámbito de las atribuciones de la Secretaría con los municipios, y
respetando su autonomía, exhorten una buena aplicación de la Ley De Justicia
Cívica respetando los derechos humanos de los infractores administrativos.
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