Último Periodo de la LXI Legislatura sin tiempo para solucionar conflictos territoriales

 

De acuerdo con la diputada presidente dela Comisión de límites Territoriales de la Cámara de Diputados, Elba Aldana Duarte, al iniciar el análisis de un conflicto en los límites entre municipios, se les informa sobre la forma en cómo se realizará el proceso y las diferentes vías de solución al mismo, pero también sobre los posibles tiempos que puede llevar el mismo.

En ese sentido, señaló que en el caso de que un conflicto se lleve de acuerdo a los tiempos y con el debido cumplimiento para la entrega de manifestaciones, documentación o asistencia a las mesas de trabajo, el proceso de solución puede resolverse en seis meses, sin embargo, las autoridades municipales solicitan prórrogas, y estos tiempos se amplían e incluso, pueden no resolverse.

Así, reconoció que los casos que en este momento se trabajan en la LXI Legislatura, no podrán resolverse una vez que concluya el periodo de la misma.

“No, no va a alcanzar el tiempo de acuerdo a la Ley que está ahorita, pues yo le decía al inicio que si no nos dejaban plantados, y si los presidentes no pedían prórrogas, pues los acabamos en seis meses, pero desgraciadamente pues los presidentes piden prórrogas y prórrogas, o nos dejan plantados, o a veces no hay quorum de los diputados, eso retrasa mucho”.

Ante estas vicisitudes que enfrenta la Comisión, durante la presente Legislatura Aldana Duarte, presento reformas para agilizar los procesos, sin embargo, al aún no se han votado, y no se puede aplicar para los conflictos que ya están en proceso.

“Afortunadamente pues los dos años que he llevado como presidenta, me han dado pues la oportunidad de hacer una reforma a la Ley que está ahorita con el objetivo de agilizar las cosas, todo, para bien de la comunidad, también espero que sea considerada en la Comisión y que sea votada a favor en el pleno porque esto ayudaría mucho a los nuevos procedimientos”.

Finalmente refirió, que no se puede trabajar en los polígonos en conflicto para garantizar sus derechos, ya que la Ley solamente marca que la única forma de llevar recursos para servicios públicos, es mediante una municipalidad.