El Poder Judicial del Estado de México instaló en marzo pasado, la Sala de Asuntos Indígenas, con la que se visualizan las necesidades jurídicas de las comunidades originarias, y busca garantizar que los procesos en los que intervengan se desarrollen bajo una perspectiva intercultural.
En ese momento, se informó
que desde 2020 hasta su instalación, en el Poder Judicial del Estado de México
se habían iniciado 487 asuntos en materia penal, en los que al menos una de las
partes se autoidentificó perteneciente a un grupo originario, de ahí la
importancia de crear la Sala de Asuntos Indígenas para atender los nuevos asuntos
que en segunda instancia, se requiera de su intervención.
Al respecto el magistrado
presidente de la Sala, Edgar Hernán Mejía López, resaltó que si bien, está
creada para atender a la población de las 5 etnias reconocidas de la entidad,
no es limitativa.
“Al Estado llegan mil
habitantes todos los días de las 31 entidades federativas, de todas las etnias,
de todos los grupos originarios, si usted se da una vuelta por Nezahualcóyotl,
dos de cada tres se autoadscriben como oaxaqueños, si se dan una vuelta por
Ecatepec, por Tecámac, por la parte Norte del Estado, de la etnia Otomí Tepehua
del Estado de Hidalgo, de la lengua náhuatl pero de la huasteca hidalguense,
entonces si se va al sur del estado, la parte de Guerrero, la vinculante con
Michoacán, entonces sí está considerado que la sala de Asuntos Indígenas tiene
que garantizar los Derechos Humanos sobre todo, por regla, de las cinco etnias
originarias; pero también de los y de las migrantes y que ya sea de forma
temporal o definitiva estén asentadas en el Estado de México”.
Aunado a ello, para su correcto funcionamiento, el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, aprobó en septiembre por
unanimidad de votos, el Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de
Interculturalismo, el cual, es un documento que incorpora la cultura de paz y
la justicia penal intercultural.
“Esos criterios que están recogidos en el Protocolo, dice que,
para sujetos activos en la presunta comisión de un delito, si un delito no es
grave, debe privilegiarse la sanción, el castigo, la multa del sistema interno
de esa comunidad, Tlahuica, Matlatzinca, Mazahua, Otomí, o de los migrantes; o
de los grupos que estén de manera temporal, o definitiva en el estado de
México, siempre y cuando no violenten Derechos Humanos”.
Finalmente informó que a la fecha ya son una docena de casos que
atiende la Sala Indígena.
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