En voz del grupo parlamentario del Partido Verde Ecolgista de México, en la legislatura local, la diputada María Luisa Mendoza propuso establecer la Contraloría Social en la Vigilancia de los Programas Sociales y la Obra Publica Federal, Estatal y Municipal.
El objetivo es proteger los recursos públicos y contribuir a frenar la brecha de desigualdad y pobreza, mediante el fomento de principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Al respecto, la presidenta de la Sexagésima Primera Legislatura dijo que para contribuir a una sociedad y un país más democrático, “es importante involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos para fortalecer la relación entre la sociedad y el Estado”.
Es así que la función de dicha contraloría reside en vigilar, dar seguimiento y evaluar que la administración de los recursos públicos sea transparente, eficaz y legal.
La propuesta surge de los datos obtenidos en el Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización (Osfem), donde hubo entidades municapales que no presentaron sus informes trimestrales a fin de aclarar su situación económica, finanzas públicas, patrimonio y obra pública, lo que refleja la poca participación de la socedad en el diseño y evaluación de las obras públicas y programas sociales.
Ante este escenario, la coordinadora de la bancada verde ecologista indicó que es necesario incorporar la vigilancia del ejercicio público, por parte de los ciudadanos, “y que se exija la rendición de cuentas a los gobernantes”, agergó.
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