Mercado de tierras y documentos agrarios

 

*Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes.

En otras entregas se ha abordado el tema de un mercado precario de tierras de propiedad social. Las transacciones de propiedad social se vienen dando en desventaja, casi siempre, para el vendedor y para las administraciones públicas, esto es, federal, estatal y municipal.

 

Desde una visión práctica de cómo se dan estos tratos agrarios de traslado de derechos agrarios ya sea por enajenación o cesión a título gratuito, o supuestamente gratuito; se advierte que no se cuenta con tablas públicas catastrales del costo mínimo del metro cuadrado de terreno, ya sea a valor catastral y/o comercial. Con lo cual en ocasiones estas transacciones se dan a valores muy por debajo del costo económico de la tierra y de los bienes distintos a la tierra o activos naturales que en ella misma se encuentran.

 

Una manera primigenia de ir perfeccionando el mercado de tierras de propiedad social es teniendo a la vista de todo público los valores del metro cuadrado de tierra y de sus bienes distintos. Información que debe estar concatenada a información contenida también en los documentos agrarios, esto es, los certificados parcelarios, de uso común y títulos de solar. Información que tiene que ser también útil para acceder a los distintos programas gubernamentales. Explico.

 

Los documentos agrarios deben tener en su cuerpo del texto la información referida no solo a superficie, colindancias, sino a tipos de tierras tal y como lo establece la ley agraria; por ejemplo, tierras agrícolas, ganaderas o forestales, y a ser posible los recursos naturales con que cuenten tanto en el subsuelo como en la superficie.  Apurándonos un poco más deben contener un folio universal de productores, en su caso.

 

Y para efectos fiscales, deben contener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población y la identificación oficial como pasaporte o credencial del Instituto Nacional de Elector (INE). Lo que incrementaría la certeza económica y documental entre los contratantes, así como facilitar el eventual pago de impuestos y derechos a la Hacienda Pública.

 

Debemos arribar a un mercado de tierras de propiedad social cada vez más perfecto para que la administración y la Hacienda Pública, en sus distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal puedan obtener también dividendos que les permitan enfrentar las inversiones de las mejoras en el ámbito rural; y también el mantenimiento de parte del gasto corriente de las oficinas públicas encargadas de los asuntos agrarios. Además de la creación de fondos especiales que abordaré en otra colaboración.

 

*El autor es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Ambiental y en Desarrollo Rural. Diplomado en Unión Europea.

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